Radhamés Jiménez
El procurador general de la República Dominicana, Radhamés Jiménez, instruyó hoy investigar una denuncia acerca del presunto cobro de dinero por parte de fiscales adjuntos a personas involucradas en acciones graves a cambio de lograr su exclusión de los expedientes.
La investigación estará a cargo del director del Departamento de Asuntos Internos de la Procuraduría, Bolívar Sánchez, y de los fiscales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, Alejandro Moscoso Segarra y Perfecto Acosta, respectivamente, según un comunicado de la Procuraduría.
La investigación estará a cargo del director del Departamento de Asuntos Internos de la Procuraduría, Bolívar Sánchez, y de los fiscales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, Alejandro Moscoso Segarra y Perfecto Acosta, respectivamente, según un comunicado de la Procuraduría.
Jiménez instó a la comisión realizar "una profunda y exhaustiva investigación", con relación a la denuncia publicada hoy en el periódico local El Caribe acerca de las supuestas irregularidades cometidas por fiscales adjuntos a cargo de investigaciones criminales y de naturaleza delictiva.
De acuerdo con el diario, fiscales adjuntos "estarían negociando con personas involucradas en expedientes a cambio de desvincularlos de las acusaciones o, en su defecto, lograr que lleguen a los tribunales sin ningún tipo de sustentación".
La información advierte que la situación ha llegado al extremo de que no sólo los acusados reciben ofertas por parte de los fiscales para negociar sus casos, sino que éstos mismos ofrecen de manera personal dinero a cambio de conseguir "expedientes carentes de fundamentos y sin sustancia investigativa suficiente para enjuiciarlos y enviarlos a prisión".
Las denuncias, agregó El Caribe, llegaron hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, "entidad que ha servido de receptora de decenas de casos de extorsión por parte de fiscales adjuntos".
El presidente de esta entidad, Manuel María Mercedes, señaló en la información que las denuncias de los fiscales supuestamente involucrados en estos actos, proceden en general de las provincias San Juan de la Maguana (suroeste), San Cristóbal (sur) y la capital del país, Santo Domingo, generalmente.
"No es solamente que le piden, sino que le han ofertado dinero y lo han dado. Tenemos los registros de las personas", aseguró. El procurador dominicano aseguró, tras solicitar la investigación del caso, que de comprobarse la denuncia "aplicaremos las sanciones correspondientes".
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