miércoles, 11 de enero de 2012

HAY PAPA

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- La Cámara de Diputados aprobó  en primera lectura el proyecto que modifica la ley  sobre el control y regulación de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, y endurece las penas a los violadores de la normativa. La iniciativa, de  la autoría del diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Víctor -Ito- Bisonó, busca combatir el  tráfico ilícito de armas de fuego, que afirma el legislador, pone en riesgo a los ciudadanos dominicanos.
Los diputados acogieron el informe favorable que rindió la Comisión de Interior y Policía, que preside Elpidio Báez, y que está contenido en 78 páginas.
El proyecto establece endurecer  drásticamente el uso, porte, tenencia y comercialización de las armas ilegales, y criminaliza el tráfico de armas de fuego, así como la alteración y modificación del arma de fuego.
Bisonó expuso que eso permitirá que muchas empresas nacionales y extranjeras  puedan invertir en la industria que produce aquellos componentes y accesorios para el ensamblaje de armas.
La tipificación como delito de una determinada conducta tiene como objetivo garantizar al Estado la posibilidad de enjuiciar a los autores de la misma y la consiguiente aplicación de la pena, tal y como se pone de relieve por el Programa de Acción de las Naciones Unidas (ONU).
Báez, presidente de la Comisión de Interior y Policía declaró que el objetivo de la pieza es la prevención y reducción de la violencia con armas de fuegos.
Dijo que para esto se realizaron talleres, seminarios, vistas públicas y se consensuaron a todos los sectores para sacar una iniciativa unificada.
La iniciativa tiene como objetivo prevenir y reducir  el manejo y uso de armas de fuego para lograr la paz colectiva de la sociedad dominicana.
La pieza establece tres clasificaciones generales de armas como son: las prohibidas, restringidas, de uso civil, así como las armas de destrucción masiva, atómicas, químicas y biológicas. Por primera vez se establece el tema de las armas prohibidas y proscritas por el Estado dominicano.

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